La ley de Integridad fue aprobada por la Legislatura y está en periodo de reglamentación. Tener un programa de este tipo será imprescindible para trabajar con el sector público.
La Unión Industrial de Mendoza, junto a ACDE, Aderpe y la Consultora Transparencia Latam, presentaron los detalles de la Ley provincial de Integridad, aprobada en los últimos días y que obliga a todas las empresas de cualquier tamaña a tener un Programa de Integridad (o Compliance) para poder trabajar con el sector público, ya sea provincial o municipal.
En la oportunidad, la abogada Paula Cortijo, especialista en programas de integridad y co-fundadora y directora de Transparencia Latam, repasó los alcances de la nota.
Más de 50 empresarios y funcionarios públicos participaron del Webinar organizado por las cámaras empresarias para empaparse de la herramienta, que no sólo garantizará transparencia en la relación entre el Estado y los privados, sino que obligará a las empresas a desarrollar programas internos que prevengan, detecten y remedien situaciones que tengas que ver con casos de corrupción.
“Lo que la ley le establece es la necesidad de imponer de forma obligatoria, para contratar con el Estado provincial y municipal y cualquier organismo público, un Programa de Integridad”, explicó Paula Cortijo.
En ese sentido, la especialista añadió que un Programa de Integridad “es un conjunto de políticas y procedimientos que se instalan dentro de la empresas u organismo público con el fin de prevenir, detectar y remediar actos de corrupción”.
En Mendoza, el proyecto de ley luego convertido en norma fue presentado por el senador radical Juan Carlos Jaliff, y espera ser reglamentado para para que en la provincia sus empresas y organismos públicos comiencen a sumar otros programas que sirvan para detectar cualquier conducta no deseada dentro de una organización, como pueden ser casos de acoso sexual o laboral, de incumplimiento de normas medioambientales o de calidad, entre otras cuestiones,
Así, hoy para poder licitar con el Estado provincial y los municipios, como ya pasaba con el Estado nacional, hace falta que se tenga en vigencia un programa de integridad, que se compone de tres partes: prevención, detección y remediación. “Estos objetivos incluyen las siguientes herramientas: un código de conducta, un manual de procedimientos internos para prevenir la corrupción en el trato con el sector publico y capacitación permanente de los miembros de la empresa”, detalló Cortijo.
La iniciativa fue apoyada y promovida desde un primer momento por la UIM, ACDE y Aderpe.
