Organizada por Transparencia Latam y auspiciada por ACDE Mendoza y UIM, el periodista de investigación detalló los alcances de la ley por la que las empresas son penalmente responsables por actos de corrupción, incluida en los requerimientos de la mega obra.
Con el título “¿Cómo hacemos de Portezuelo del Viento una oportunidad de transparencia e integridad en el manejo de los fondos públicos?”, se dio inicio a la serie de charlas organizada por Transparencia Latam con el aval de la Unión Industrial de Mendoza (UIM) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas Mendoza (ACDE), a su vez participantes del clúster Portezuelo del Viento, que asesora a firmas locales.
Dentro de ese clúster, una de sus comisiones trabaja sobre el “compliance”, o cumplimiento normativo, un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
Paula Cortijo, abogada mendocina especializada en compliance y parte del clúster, coordinó la disertación virtual del periodista de investigación y secretario de Redacción del diario La Nación Hugo Alconada Mon con periodistas mendocinos interesado en conocer los detalles del compliance y sus implicancias.
Es de destacar que en Argentina, desde el 2018, la ley 27.401, hace penalmente responsable a personas jurídicas por la comisión de delitos. De ahí que es fundamental que las empresas pongan en práctica los llamados programas de integridad para evitar los comportamientos que violen cualquier norma.
En el pliego de licitación de la mega obra Portezuelo del Viento, es exigencia que las empresas involucradas cuenten con este tipo de programas y a su vez lo hagan sus empresas asociadas o proveedoras.
Este tipo de prácticas se llevan adelante en muchos países del mundo desde hace más de 40 años, surgiendo en los Estados Unidos como respuesta a una ley que permite castigar a cualquier empresa por hechos de corrupción que opere en Estados Unidos o cotice en algún de las bolsas de ese país. De ahí surgieron los programas de compliance para evitar justamente “la tentación” de cometer delitos, como detalló Alconada Mon.
Para el periodista, la ley nacional 27.401, “es un paso adelante para luchar contra la corrupción tanto en el sector público pero sobre todo en el privado”, aunque indicó que a su entender “le falta vigor”.
Explicó no obstante que la norma “tiene aspectos muy interesantes, porque se extiende la responsabilidad penas para las empresas, o para sus dependientes o para sus contratados”.
“La ley impone esta todo lo que corresponde a integridad y auditoria, es decir que le obliga a una empresa a demostrar la buena voluntad cumplir estas condiciones de trabajo y así reducir tentaciones y saber cómo reaccionar cuando ya derrapó”, afirmó Alconada Mon.
A su turno, Cortijo indicó que todas las empresas involucradas en Portezuelo deberán tener, obligatoriamente, programas de integridad. “Hoy la ley 27.401 exige que las empresas que liciten con el Estado nacional tengan estos programas” indicó. Se detalló también que el pliego de la licitación de Portezuelo es muy preciso y explícito en relación a esta Ley, y esto es un acierto de Mendoza, sus instituciones y una ventaja para el control por parte de la ciudadanía.
Asimismo, bregó por la sanción definitiva de la ley provincial en el mismo sentido, que tiene media sanción del Senado por unanimidad, y espera en Diputados para ser sancionada.
“Así Mendoza tendrá una herramienta fundamental en pos de la transparencia, pero además muy conveniente para las empresas tanto grandes como pymes, porque cada vez más los programas de integración facilitan el financiamiento externo”, detalló Cortijo.
Alconada Mon, a su vez, explicó que la norma promueve los llamados “pactos de integridad”, que es un acuerdo entre privados que compiten en cualquier ámbito de no caer en prácticas desleales que no llegan a delito.
“Parece una ingenuidad, pero me parece importante promover los pactos de integridad porque en el mundo funcionan, y son beneficiosos para las empresas en la práctica honesta de los negocios”, aportó el periodista.
Por último, Cortijo remarcó que todas las empresas involucradas en Portezuelo del Viento deben tener su programa de integridad, aclarando que las pymes deben incorporarlo respetando su estructura y economía.
“Ojalá como mendocinos podamos hacer valer Portezuelo del Viento desde todos los puntos de vista, también para que sea un orgullo y un ejemplo de la comunión entre el sector privado y el sector público comprometidos con la transparencia y la integridad”. cerró Paula Cortijo.
Desde Transparencia Latam, ACDE y UIM se propuso realizar próximamente otros webinars sobre compliance (Ley 27.401) para empresas, sector público e interesados en general.
