Producción y trabajo.
Otra vez la acción directa para confrontar y derribar el funcionamiento de las instituciones de la democracia.

Otra vez la acción directa para confrontar y derribar el funcionamiento de las instituciones de la democracia.

La UIM repudia los actos de violencia y terror en Chubut, que vándalos y delincuentes amparándose en la “defensa del medioambiente” llevaron adelante contra edificios públicos, bienes de particulares, pero también ciudadanos, legisladores o funcionarios públicos que no piensan o actúan como ellos.

Como es de público conocimiento, la provincia patagónica sancionó una Ley de zonificación territorial para la actividad minera, la cual llevaba un largo tiempo de debate y exposiciones públicas en su legislatura.  Desde la UIM consideramos que si la legitimidad de los actos del Poder Legislativo establecidos por nuestra Constitución, son denostados, violentados o impedidos, estamos en la antesala de un nuevo orden ajeno a valores y principios democráticos.

Instamos a nuestros gobernantes, legisladores, actividades del mundo de la producción y el trabajo a tomar debida nota de esta situación y expresarse en consecuencia. Es por esto también que adherimos plenamente al comunicado que emitió la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza que expresa lo siguiente:

            Desde la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM) queremos expresar nuestro más enfático repudio a los inaceptables sucesos ocurridos en la provincia del Chubut en ocasión de la sanción de la ley 128 que dispuso la diversificación productiva en la Meseta Central de dicha localidad patagónica.

            Esta norma, lejos de ser una decisión tomada en forma acelerada e inconsulta, ha venido a dar cumplimiento a la reglamentación que disponía ya la ley 5001 (hoy ley XVII – 68) en su artículo 2º, por lo que legisló sobre lo exigido por dicha ley que, es justo recordar, fue sancionada en el año 2003.

            Temas de tanta importancia y sensibilidad social deberían ser tratados con la necesaria responsabilidad que exceda las violentas acciones de pequeños grupos ideologizados que pretenden imponer sus posturas a través de la fuerza y la intimidación, enarbolando la bandera de la protección del ambiente como útil excusa para ocultar sus reales intereses que lejos están de tutelar nuestro hábitat.

            Aciago futuro le depara a nuestro país si no respetamos las decisiones que democrática e institucionalmente toman nuestros representantes. El respeto al diseño republicano no puede ser mancillado por consignas desprovistas de argumentos técnicos, agitando una violencia que pretende acallar lo que las instituciones democráticas deciden. No debería haber resquicios para quienes pretenden imponer sus razones basadas en el fundamentalismo y el pensamiento único, despreciando cualquier posición o argumento que pueda ir en dirección contraria a sus ideas.

            Esta situación caótica y anti sistémica la hemos vivido en Mendoza con la sanción de la ley 9.209 en diciembre del 2019, en donde con idénticas proclamas y violento accionar impidieron el cumplimiento de una ley legítimamente sancionada por amplia mayoría. En aquella oportunidad también padecimos a estos grupos tomando la Legislatura Provincial, cortando rutas, e imponiendo a la fuerza leyes arrogándose ser la voz del pueblo. Queda claro que existen minorías que no se sienten cómodas dentro de los ámbitos institucionales y consideran que sus razones deben ser impuestas en las calles y a través de metodologías como estas que aquí repudiamos.

            Desde Mendoza apoyamos la sanción de la ley 128 de Chubut y seguimos insistiendo en que la minería es una actividad lícita que, con la tecnología y los controles existentes en el siglo XXI debe ser desarrollada, por lo que exigimos que nuestra dirigencia política asuma su responsabilidad en el manejo del tema y de cumplimiento a las normas que exigen al Estado la promoción de la actividad que, útil es recordar, tiene el carácter de utilidad pública.

            Por último, solicitamos a quienes pretenden imponer por la fuerza y desacreditación sus ideas, alterando el orden social que revean su actitud y que si consideran tener razones éstas puedan ser articuladas y defendidas ante las instituciones pertinentes. No es posible ni lógico aceptar que todas las instancias que brinda nuestro sistema democrático sean vituperadas y desmerecidas sólo porque no coinciden con sus aspiraciones. Una república se asienta en sus instituciones y el respeto hacia ellas es primordial para evitar la anarquía que parecerían perseguir estos minúsculos grupos.

            “La razón no grita, la razón convence” (Luis Ferre)

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